Trabajadorxs del libro en lucha permanente contra el DNU y la Ley Ómnibus 

La megadevaluación y el DNU 70/23 dictados por el gobierno de Javier Milei ya ponían en serio riesgo la continuidad del campo editorial argentino; ahora, la “Ley Ómnibus”, presentada el 27/12 para tratarse en sesiones extraordinarias, martilla los clavos sobre el ataúd de una gran porción del sistema cultural argentino y arrastra tras de sí innumerables puestos de trabajo, instituciones, espacios, oficios e industrias involucradas en su quehacer.

El efecto de la megadevaluación y las desregulaciones económicas es el empobrecimiento deliberado del pueblo en su conjunto y, sobre todo, de quienes viven de un salario. Esta situación económica actual pulveriza las posibilidades de acceder a un libro, un bien cultural que se produce en gran medida con materia prima dolarizada y/o a partir de un insumo (el papel) cuyo mercado se encuentra cartelizado. 

El DNU y la “Ley Ómnibus” constituyen una reforma constitucional de facto que solo beneficia a un minúsculo número de corporaciones e intereses extranjeros en beneficio de intereses hiperconcentrados y agrede o intenta exterminar a numerosos sectores productivos del tejido social argentino (con sus respectivas catastróficas consecuencias). En la misma dirección de los gravísimos ataques a los derechos laborales, la seguridad social y la soberanía nacional contenidos en estos textos, el sector del libro es agredido en su funcionamiento y en sus dinámicas de supervivencia.

El proyecto de ley impone una serie de políticas desregulatorias salvajes que implican tanto el cierre definitivo de instituciones de promoción de la cultura en general y de la lectura en particular como el desfinanciamiento de convocatorias públicas de los fondos de fomento para la cultura. Establecidas por leyes sancionadas hace décadas, estas políticas impulsan la producción editorial vinculada a múltiples temáticas, formatos y sectores sociales, la afectación de políticas públicas en materia de perspectiva de género y diversidad social cultural, y promueven la bibliodiversidad y la formación de públicos lectores a lo largo y ancho de nuestro país. Este deterioro sistémico del conjunto de la cadena de valor y de la conformación del mercado social del libro suponen la intención de exterminar la industria nacional del libro en su doble riqueza, material y simbólica, que es un distintivo de orgullo de nuestro país a nivel local y para toda la región hispanoparlante. 

La Ley de defensa a la actividad librera o de precio uniforme del libro no es ningún capricho sectorial sino el eje de la convivencia, existencia y proliferación de la industria del libro y la comunidad que la habita. Esta ley obliga a las editoriales argentinas y a los importadores de libros a fijar un precio de venta a cada título que publiquen o importen respectivamente: ese precio debe respetarse en todo el territorio argentino. El intento de derogar esta ley pone en jaque la oferta equitativa del libro a los habitantes de la nación argentina, fundamentalmente en localidades alejadas de las grandes ciudades. Esto beneficia abiertamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cuenta con 15 editoriales cada 100.000 habitantes -a diferencia del resto del país, donde promedia entre 0,2 y 1,6 editoriales cada 100.000 habitantes-. 

Por otro lado, se verán afectados todos los contratos entre autores y editoriales ya que el sistema de sesión de derechos de reproducción y comercialización del libro a cambio de un porcentaje del precio de venta al público de cada ejemplar vendido quedará obsoleto. De igual modo sucederá con los acuerdos de los ejemplares consignados entre editoriales,  distribuidoras y librerías, lo que provocaría un verdadero descalabro organizativo y financiero.

El mayor temor que genera a gran parte del campo editorial argentino la derogación de la ley 25.542 tiene que ver con prácticas similares al dumping (venta al costo) llevadas adelante por grandes cadenas de supermercados, plataformas de venta de libros online y grandes cadenas de librerías.

Ya existen antecedentes, con Amazon como mascarón de proa de este tipo de prácticas. Si se deroga la ley de defensa a la actividad librera, se genera un escenario en el que se promueve que una plataforma online, una cadena de supermercados o de librerías, por su gran capacidad de compra ante las editoriales, pueda conseguir más descuento y ofrecer el mismo producto a precios mucho más baratos que sus competidores, al menos en un primer momento, poniendo en riesgo la continuidad de las librerías de barrio y las pequeñas editoriales que estas exhiben. Una vez eliminada la competencia, y conformadas ya como oligopolios o monopolios, nada evitará que estas plataformas o grandes superficies suban los precios. Por lo tanto, es una falacia que la derogación de esta ley promueve la baja de los precios de los libros. Y esto está demostrado en experiencias de otros países como Brasil o Francia.

Nadie puede engañarse a excepción de quien defiende intereses monopólicos: con esta desregulación no se pretende bajo ningún punto de vista fomentar la competencia sino concentrar el mercado, direccionar la circulación y convertir al libro en un artículo de lujo, privando a las grandes mayorías de tan fundamental e insustituible insumo cultural. A eso nos oponemos y llamamos a cada miembro de esta comunidad y de la Industria del Libro Argentino a mantenerse en estado de asamblea permanente, movilización y lucha por la supervivencia, no solo de nuestros oficios, placeres o trabajos, sino de nuestras formas de vida.

Por eso, sin ninguna duda y con toda convicción llamamos a todx lectorx, trabajadorx o empresarix del libro a decir:

ABAJO EL DNU
NO A LA LEY ÓMNIBUS
NO A LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA ACTIVIDAD LIBRERA

DEFENDER LA INDUSTRIA DEL LIBRO ES DEFENDER LA CULTURA E IDENTIDAD NACIONAL
LA INDUSTRIA DEL LIBRO ES SOBERANÍA.
¡DEFENDAMOSLA!